Dentro de las reformas que se están implementando desde el Gobierno de Lakua en el ámbito de las prestaciones sociales, el pasado 12 de enero fue aprobado el Decreto que regula la Prestación Complementaría de Vivienda (PCV) que sustituirán a las Ayudas de Emergencia Social (AES) destinadas al alquiler "para aquellas personas que lo necesiten y que cumplan los requisitos.

 

Desde ELKARTZEN, queremos denunciar que ya no sólo se adoptan medidas para ocultar y parchear un problema, como es el acceso a una vivienda, sino que se están endureciendo las condiciones de vida de amplias capas de la población mediante una precarización social impulsada, en este caso, por la consejería de asuntos sociales del Gobierno de Lakua.

Este decreto endurece las condiciones de vida de la población ya que deja fuera a las personas menores de 23 años, edad mínima para ser considerado titular del ejercicio de este derecho. Se endurecen las condiciones ya que se limita el tiempo de percepción de la prestación a dos años máximo, al mismo tiempo que disminuyen las cuantías máximas a percibir de 250 y 320 euros al mes, cantidades netamente inferiores a lo que venían percibiendo con las AES. Se aumenta el tiempo de empadronamiento mínimo a 1 año, frente a los 6 meses que se exigía con anterioridad y , lo más obsceno, se limita a un máximo de dos PCVs por vivienda, lo que supone un empeoramiento de la normativa anterior y un ataque directo a los sectores más precarizados por el modelo neoliberal, las personas jóvenes, las personas migrantes, el estudiantado, las mujeres, y las personas mayores... Además de todo lo anterior hay que remarcar que el acceso a la PCV, (al igual que para otras prestaciones) está limitada y condicionada por la figura de la suspension. Así a una persona perceptora se le puede obligar a aceptar una oferta de trabajo, sean cuales sean las condiciones del mismo, y de no ser aceptada queda en suspenso la prestación hasta que se acepte (sí transcurren 18 meses se pierde definitivamente el derecho). Esta exigencia lleva a desarrollar aun más la precariedad laboral y social de toda la población y a beneficiar a los empresarios que saben que pueden ofertar mayores contratos basura con el chantaje de que si no los aceptan las personas perceptoras de ayudas sociales (tanto PCV o Renta de Garantía de Ingresos) perderá definitivamente la protección social.
El de la vivienda sigue siendo un problema de primera magnitud, bien por inaccesibilidad, o bien por carestía de precios de alquileres y de hipotecas, por lo que exigimos que se pongan en marcha medidas estructurales y no parches y recortes como los que propone el Gobierno de Lakua. En este sentido, desde Elkartzen siempre hemos dicho que uno de los elementos fundamentales para garantizar el derecho al acceso a la vivienda es el de limitar el precio de los alquileres, es decir, hay que establecer un límite a los precios que se cobran por los alquileres, tanto a los protegidos como a los de mercado, ya que no es de recibo que hoy en día el precio medio del alquiler en el mercado libre supere los 968 euros.

Limitando el precio de los alquileres (que en opinión de Elkartzen no deben de superar el 15% de los ingresos de la persona inquilina), primero se frena la especulación y se evita un trasvase de dinero público a rentistas; y segundo se garantiza de una mayor manera el acceso al uso y disfrute de una vivienda. Si aún así, hay personas que aún no pueden satisfacer su derecho a techo porque no tienen ingresos por encima del umbral de la pobreza (en opinión de Elkartzen el 37,5% del PIB per cápita), habría que articular prestaciones para facilitar ese acceso, articulándolas como derecho para todas las personas que se encuentren en esa situación, sin ningún tipo de restricciones. Y es que aunque desde diferentes instituciones y medios de comunicación se propaga la perversa idea "de la picaresca en las ayudas sociales", la realidad es que según la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2008 más de 890.000 personas refleja algún tipo de precariedad y dificultades para llegar a fin de mes.

Desde hace más de un año vemos como el descontento y la movilización a favor de un cambio profundo de modelo están tomando fuerza, somos conscientes que sólo la organización, la denuncia y la lucha a favor de los derechos sociales en el camino a la transformación social puede poner freno a los graves problemas de pobreza, exclusión y precariedad social al que las diferentes élites económicas y políticas nos están sumiendo. Lo sabemos y haremos todos los esfuerzos posibles para desenmascarar un sistema que pone por encima el beneficio personal sobre el beneficio social. 

 

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